En el mundo digital, la comunicación y el acceso a información han evolucionado significativamente. Las Administraciones Públicas han adoptado diversas plataformas para facilitar el intercambio de datos y notificaciones a la ciudadanía y a las empresas.
La pérdida de honorabilidad de las empresas prevista en la Ley de Transportes hace referencia a las consecuencias legales y administrativas que enfrenta una empresa del sector transporte cuando comete infracciones graves. En España, esto está regulado principalmente por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y sus normativas complementarias.
En los últimos años se han producido cambios importantes en el modo de notificación de las denuncias por infracciones de circulación a las empresas con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y transparencia.
En esta era moderna, las tecnologías están a la orden del día, y los órganos estatales no se quedan atrás. Hace ya un tiempo, como todos sabemos, se incorporó a los sistemas de la DGT la llamada Dirección Electrónica Vial, un buzón electrónico obligatorio para las personas jurídicas con función de recibir las comunicaciones y notificaciones que tenga que hacer la DGT de manera telemática, con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel.
Desde hace ya varios años (1 de julio de 2016) la Dirección Electrónica Vial (DEV) es obligatoria para las empresas propietarios de vehículos, puesto que la Dirección General de Tráfico y el resto de las administraciones públicas con competencias sancionadores en materia de tráfico, han dejado de emitir notificaciones en papel, facilitando la resolución telemática de los trámites administrativos.
El Registro de Apoderamiento Electrónico de la Dirección General de Tráfico permite designar a un representante para que actúe en nuestro nombre ante ellos, como conductor particular o como empresa.
